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Perfilan cambio en política prohibicionista



a mariguana

En la recta final del debate público al cual ha convocado el gobierno federal sobre la regulación de la mariguana, la prevención –como estrategia para evitar la criminalización de los usuarios y la disminución en el número de consumidores– va ganando la carrera sobre la ruta prohibicionista que ha seguido el país desde 1940.

Al corte del cuarto de los cinco foros que organiza el gobierno federal para debatir la regulación de la mariguana, la postura ha cambiado.

Tanto la Secretaría de Salud -a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones- como la Secretaría de Gobernación -que encabeza el debate- se han pronunciado por la necesidad de cambiar la legislación vigente (la Ley General de Salud) para permitir la investigación clínica y el uso de la mariguana como sustancia controlada para padecimientos crónico-degenerativos en pacientes que no han podido mejorar su calidad de vida a través de la medicina alópata.

La Secretaría de Gobernación ha ido más allá al plantear la necesidad de aumentar el gramaje permitido para la portación de mariguana, y una flexibilización de los criterios para emitir condenas en contra de presuntos narcomenudistas (el contexto social, si son reincidentes o no, por ejemplo).

En su más reciente intervención sobre el tema, en el último foro que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong planteó que es necesario cambiar la política del uso de la fuerza pública, la violencia del Estado y la prohibición, hacia la prevención de las adicciones.

Aunque ya habían existido otros esfuerzos desde 2013 y 2014 para poner en la mesa la regulación de la hierba (principalmente en la Ciudad de México y en Guadalajara, Jalisco), la discusión tomó un impulso nuevo desde 2015, a partir del caso de la niña Graciela Elizaldepara quien sus padres consiguieron un amparo que desde ese año les permite importar un medicamento elaborado a partir del Cannabidiol.

Después vino la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de obligar a la Secretaría de Salud a expedir licencias para que cuatro ciudadanos pudieran portar, cultivar y cosechar mariguana sin incurrir en un delito federal. Esta discusión finalmente se sumó al hecho de que desde 2013, 23 estados de Estados Unidos (principal mercado para las drogas que se producen en México) han regulado la venta y consumo de mariguana.

Antes de ello, la postura del gobierno federal era un “no” a cualquier reforma sobre mariguana o a relajar las medidas prohibicionistas hacia las drogas. De hecho, desde 2006 han sido presentadas ante el Congreso de la Unión cuando menos 10 iniciativas de Ley para cambiar la regulación de las drogas, las cuales se quedaron en la “congeladora”.

El mayor avance hasta el momento ha sido permitir la portación de hasta 5 gramos de mariguana para evitar la criminalización de los consumidores; sin embargo, en los hechos cualquier persona que sea sorprendida por la autoridad en posesión de la hierba, es sometida a prisión preventiva y al pago de una multa mientras un juez federal determina su situación.

¿Qué sigue?

Hasta el momento, el gobierno federal ha convocado a cuatro foros para debatir la regulación de la mariguana: Cancún, Ciudad Juárez, Saltillo y Guadalajara.

El último foro se llevará a cabo el próximo 5 de abril en la Ciudad de México. Se espera que se realice en conjunto con el Congreso de la Unión que ha llevado a cabo sus propias discusiones.

El siguiente paso es la participación de México, entre el 19 y el 21 de abril, en la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016).

Se tiene previsto que ahí, México fije su postura oficial sobre la regulación de la mariguana y otras drogas; la cual estará conformada por los puntos de coincidencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Posterior a ello, se tiene prevista la presentación de una iniciativa que tendría que recaer (entre otras) en una reforma a la Ley General de Salud para establecer los criterios de regulación de la mariguana (sí o no, para qué y cómo podría utilizarse)./*