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Identifican a 18 exfuncionarios de Padrés inhabilitados por corrupción



Existen otros siete servidores públicos sancionados con inhabilitación que no se han podido notificar por no localizarlos.

13/03/2016 17:59 DANIEL SÁNCHEZ DORAME

HERMOSILLO, SONORA

Miguel Ángel Murillo Aispuro, secretario de la Contraloría General de Sonora. (Foto: Daniel Sánchez Dórame)

La Contraloría General del Estado de Sonora reveló el nombre de 18 funcionarios del sexenio del exmandatario panista Guillermo Padrés Elías, que fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos en los próximos 10 años y sancionados con multas millonarias, por incurrir en presuntos actos de corrupción.

Miguel Ángel Murillo Aispuro aseguró que en total son al menos 25 colaboradores del exgobernador de Sonora los que han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos y multados por el doble del daño patrimonial ocasionado a los erarios estatal y federal.

Sin embargo, sólo se dio a conocer el nombre de 18 exfuncionarios porque los siete restantes no han podido ser ubicados por las autoridades y la ley prohíbe revelar su identidad hasta que sean notificados.

Entre los inhabilitados, destaca el nombre de tres exsecretarios de Guillermo Padrés: el titular de Hacienda, Carlos Manuel Villalobos Organista; el tesorero, Mario Cuen Aranda; y el exsecretario de Gobierno, Roberto Romero López, quien desde el mes de enero está huyendo junto a su esposa porque lo busca la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de tráfico de influencias para beneficiarse de programas con recursos federales de apoyo al campo.

Los nombres que hoy revelamos corresponden a personas que recibieron una sanción administrativa por irregularidades detectadas durante su desempeño como funcionarios, atendiendo a principio de la Ley de las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora de sancionar en correspondencia con el grado de participación en los hechos imputados, se trata de sanciones de carácter administrativo independientes de los procesos penales que pudieran derivar con la autoridad judicial”, Miguel Ángel Murillo.

El monto total de recursos públicos que éstos 18 inculpados tendrían que reintegrar erario público, es de seis mil 259 millones 140 mil pesos; dinero proveniente de diversas partidas presupuestales del Gobierno del Estado y la Federación, destinados a programas de salud, educación y apoyos sociales.

SERVIDORES PÚBLICOS NOTIFICADOS Y SANCIONADOS

1.- Carlos Manuel Villalobos Organista, tesorero del Estado adscrito a la Secretaría de Hacienda. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 2 mil 782 millones 820 mil 471 pesos con 26 centavos.

2.- Mario César Cuen Aranda, tesorero del Estado. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 329 millones 346 mil 473 pesos con 12 centavos.

3.- Javier Alberto Martínez Verduzco, director general de Control de Fondos y Pagaduría. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 3 mil 029 millones 501 mil 109 pesos.

4.- Luis Alberto Sotelo González, director general de Control de Fondos y Pagaduría. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 82 millones 665 mil 834 pesos con 66 centavos.

5.- Camilo Alejandro Castro Leyva, subdirector general de Costos, Contratos y Licitaciones, adscrito al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 14 millones 908 mil 993 pesos con 64 centavos.

6.- Cynthia Zaraith Orozco Atondo, contador interno del Fideicomiso Puente Colorado. Inhabilitación por 10 años, sanción económica 11 millones 326 mil 304 pesos.

7.- Roberto Romero López, secretario del Gobierno del Ejecutivo del Estado. Inhabilitación por 10 años, se turnará a la Fiscalía Anticorrupción, al no poder comprobar destino de 90 millones 163 mil 920 pesos que se erogaron de la partida “Ayudas sociales a personas” en el segundo trimestre de 2013 y primer semestre de 2014.

8.- Roberto Molina Acedo, director general de Infraestructura Hidráulica, Urbana de la Comisión Estatal del Agua, Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 2 millones 318 mil 850 pesos.

9.- Luis Alberto Sotelo González, director general de Control de Fondos y Pagaduría, adscrito a la Secretaría de Hacienda. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 273 mil 731 pesos.

10.- José Germán Valenzuela Aganza, residente de Obra, Coordinador de Supervisión del Instituto de Vivienda del Estado de Sonora. Inhabilitación por siete años; sanción económica 5 millones 223 mil 208 pesos.

11.- Luis Alberto Sotelo González, director general de Control de Fondos y Pagaduría, adscrito a la Secretaría de Hacienda. Inhabilitación por 10 años; sanción económica por 104 mil 433 pesos.

12.- Idolina Salazar Ortiz, administradora del Hospital General de Puerto Peñasco, dependiente de los Servicios de Salud. Inhabilitación por tres años; sanción económica por 578 mil 338 pesos.

13.- Jesús Humberto Cuadras Rojo, administrador del Hospital General de Puerto Peñasco. Inhabilitación por tres años; sanción económica por 72 mil 775 pesos.

14.- Ramón Eduardo Ruiz Zapata, director general de Costos, Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Inhabilitación por tres años; se turnará a la Fiscalía Anticorrupción.

15.- Martín Romero Méndez, director de Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Inhabilitación por cinco años, se turnará a la Fiscalía Anticorrupción.

16.- Cristian Gerardo Chávez Espinoza, policía estatal de Seguridad Pública, inhabilitación por cinco años, se turnará a la Fiscalía Anticorrupción.

17.- Luis Rey Chong Zambrano, servidor público adscrito a los Servicios Educativos del Estado de Sonora, como director del plantel Escuela Federal 31 de Octubre ubicada en el ejido 31 de Octubre del municipio de Cajeme, destitución del puesto e inhabilitación por cinco años. No se aplicó sanción económica porque el servidor público reintegró la cantidad derivada y comprobó la diferencia restante.

18.- Camilo Alejandro Castro Leyva, subdirector general de Costos, Contratos y Licitaciones, adscrito al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. Inhabilitación por tres años./*


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