AMLO ALERTA QUE LA CORTE ABRIRÍA LAS PUERTAS DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

El Presidente Andrés Manuel López Obrador alertó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprueba el proyecto que eliminaría la prisión preventiva oficiosa incrementaría la corrupción y la impunidad.

Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador invitó al poder judicial a buscar mecanismos para que la justicia sea expedita para quienes llevan años detenidos sin sentencia.

Asimismo, el mandatario opinó que en caso de aprobarse el proyecto, no debería de ser una excusa para liberar a “diestra y siniestra”, particularmente a quienes se encuentren detenidos por delitos graves.

El día de hoy la SCJN tendrá un debate para determinar si se eliminar la prisión preventiva oficiosa en delitos como delincuencia organizada, secuestro, ilícitos violentos, trata de personas, homicidio doloso, robo de hidrocarburos, feminicidio, robo a casa habitación, abuso sexual a menores, enriquecimiento ilícito, delitos contra la salud, fraude fiscal por más de 8.7 millones de pesos, entre otros.

Por lo tanto, el Jefe del Ejecutivo informó que pidió al Secretario de Gobernación y a Adán Augusto López; y a la Consejera Jurídica de la de la Presidencia de la República, María Estela Ríos fijar la posición del gobierno federal al respecto. Además solicitó también que revisen el asunto y que en la resolución, los ministros de la Corte sean muy claros.

“Le pedí al secretario de Gobernación y Consejera Jurídica que fuesen muy claros, porque hay veces, con todo respeto, que se usan tecnicismos y se habla de tesis de jurisprudencia y del debido proceso, y no se entiende la esencia del asunto”.

El proyecto será propuesto por el ministro Luis María Aguilar Morales y pretende declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El proyecto se fundamenta en las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de senadores en 2019. El ministro asegura que:

“La prisión preventiva golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familiares”.

Para que el proyecto sea avalado necesita el respaldo de 8 de los 11 ministros de la SCJN. No obstante, el propio proyecto establece que esta sentencia solo significa que ahora serán los jueces quienes deberán determinar a quién imponen esta medida y a quién no, pero estudiando caso por caso y de forma particular.

Gobierno envía comunicado al pueblo y a la Corte defendiendo la prisión preventiva oficiosa

En un comunicado dirigido al pueblo y a la Suprema Corte, el gobierno del Presidente López Obrador alerta que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar o no la prisión preventiva oficiosa, sólo los expondrá a la corrupción y a la violencia.

El documento está firmado por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos y en él se le pide al máximo tribunal del país, considerar en su resolución del proyecto que se discutirá en unos días, la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a al impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la FGR.

“En consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”.

De acuerdo con el comunicado, es “fundamental” que se mantenga la prisión preventiva oficiosa en la delincuencia organizada, los delitos graves del orden común y los delitos de cuello blanco, con el fin de evitar que no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.

“Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad” expone el documento.