Caso Casa Blanca de Enrique Peña Nieto: dieron carpetazo con mínimas sanciones


Tras la desaparición del expediente que podría confirmar los conflictos de interés que reveló el polémico reportaje de la Casa Blanca, los funcionarios responsables pudieron haber enfrentado como castigo la prisión, sin embargo, una magistrada dictó la suspensión condicional del proceso penal en su contra


Expedientes perdidos, contradicción de declaraciones, censura y una gran indignación fueron los estragos que dejó el trabajo periodístico que un grupo de reporteros del medio Aristegui Noticias realizó y publicó sobre la llamada Casa Blanca. Corría el año 2014 cuando el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto y su ahora ex esposa, Angélica Rivera, enfrentaron una de las polémicas más sonadas de la política mexicana en los últimos años.


El reportaje que expuso la millonaria propiedad del matrimonio presidencial conmocionó al país entero ya que no solo dio a conocer los lujos que la familia del ex presidente priista gozaba, sino que también reveló inconsistencias en las fechas y compra - venta del inmueble, las cuales apuntaron a un evidente conflicto de interés, lo que propició a que el caso fuera llevado hasta los tribunales mexicanos.


No obstante, a ocho años del escándalo y tomando en cuenta que en México la impunidad es el pan de cada día y la justicia se aplica a conveniencia, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México dictó una resolución con sanciones mínimas para los responsables del encubrimiento que desató el reportaje de la Casa Blanca.


Así lo informó una investigación realizada por el diario La Jornada, la cual señaló que el mencionado tribunal concluyó el caso sancionando con castigos que involucran acciones de servicio social y una disculpa pública -por no haber resguardado documentación original- a los ex funcionarios identificados como los responsables de la desaparición del expediente en el que constarían las pruebas de los actos ilícitos.


Bajo ese tenor y respecto a la resolución emitida por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, los representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Fiscalía General de la República (FGR) se opusieron a dicha conclusión argumentando que se debía sancionar con pena de prisión a los involucrados por el delito de ejercicio indebido del servicio público.


No obstante, el trabajo firmado por Gustavo Castillo y publicado por el medio La Jornada detalló que fue la magistrada Isabel Porras Odriozola quien determinó conceder a los imputados un mecanismo alterno de solución y una suspensión condicional del proceso penal en su contra.


Fue en 2021 que la magistrada concedió los mencionados beneficios a José Gabriel Carreño, Secretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; a Jesús Antonio Suárez, ex director general de Denuncias e Investigaciones y a Daniel Pérez Rueda, ex director General Adjunto de Investigaciones B, todos de la Secretaría de Función Pública.


De acuerdo con la investigación de La Jornada, dichos funcionarios tuvieron bajo su responsabilidad el resguardo del expediente original de la investigación realizada en 2015 por dicha dependencia.


Ya para diciembre de 2018 y con el cambio de administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar el caso, por lo que la titular de la Secretaría de Función la Pública, Irma Eréndira Sandoval, buscó exponer la corrupción que hubo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por dicho motivo, solicitó el mencionado expediente y, aunque la dependencia ya había exonerado al matrimonio presidencial, la SFP no había presentado ninguna denuncia penal.


Fue así como en mayo de 2019 la Secretaría de la Función Pública presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), en donde tras varias pesquisas revelaron que el expediente original había desaparecido y en su lugar se encontró una versión pública de la resolución, sin anexos, ni los contratos que presuntamente Angélica Rivera firmó con Televisa.


Asimismo en la versión pública encontrada del expediente tampoco estaban señaladas las pruebas que acreditaran los ingresos para adquirir la millonaria propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. Dichas omisiones propiciadas y encubiertas por los funcionarios públicos entorpecieron la labor de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) por lo que no pudieron investigar a fondo.


Es importante recordar que, a lo largo de los mandatos de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México y como presidente del país, en más de una ocasión fue señalado por incurrir en irregularidades para la asignación de proyectos al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú relacionado a Grupo Higa, una de las empresas contratistas favoritas del ex mandatario priista.


Finalmente la investigación realizada por La Jornada señaló que el 29 de noviembre de 2018, dos días antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión como presidente de México, los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) informaron a quienes ocuparían el cargo de titulares de la dependencia que el expediente original había desaparecido.


Pese a que Enrique Peña Nieto ha procurado mantener un perfil bajo desde su salida de la presidencia, los escándalos de corrupción que caracterizaron su sexenio continúan dando de qué hablar, evidenciando la falta de justicia y e impunidad que existe en el país.