GOBIERNO DE AMLO DA BATALLA CONTRA MINERA MARINA DE EU
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde que inició este sexenio está en una lucha legal contra la empresa estadounidense Odysey Marine Exploration, la cual busca iniciar actividades de minería submarina para extraer fosfato en el Golfo Ulloa, en Baja California Sur.
De acuerdo con su reporte financiero de este 31 de marzo pasado, Odysey refiere que actualmente mantiene un proceso de arbitraje internacional por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que piden una indemnización de más de 3 mil 500 millones de dólares.
El proyecto, “Dragado de arenas fosfóricas negras en el yacimiento Don Diego”, buscaba extraer fosforita de aguas nacionales todos los días, durante 24 horas, con un permiso con vigencia de 50 años y que abarca más de 90 mil hectáreas de tierras submarinas.
Según la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), esta actividad podría “haber generado graves impactos ambientales negativos, sinérgicos y acumulativos sobre la fauna y el hábitat de especies que se encuentran en peligro de extinción”.
Aún así, Odysey Marine Exploration cabildeó, desde el 2015, para conseguir la concesión con apoyo del empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), quien actualmente está preso por la venta a sobreprecio de la fábrica de fertilizantes Agronitrogenados.
Según el portal Sputnik News, en entrevista con Alejandro Olvera -representante en México del Centro para la Diversidad BIológica-, hay representantes de Odysey que intentaron sobornar a pobladores y pescadores de la zona para conseguir su apoyo y hace presión, pese a que ellos se pronunciaron en contra desde que se enteraron.
“Hay testimonios de los mismos pobladores que les ofrecieron dinero para apoyar el proyecto […] La empresa se fue por ese lado de mover influencias y comprar opiniones, pero no fue suficiente, pero finalmente la SEMARNAT rechazó el proyecto porque realmente no iba a dejar ningún beneficio”, asegura Olvera.
Tras la primera negativa del Gobierno de México, en abril de 2016, la empresa estadounidense nuevamente impulsó el proyecto Don Diego mediante su filial en México llamada Exploraciones Oceánicas S. De R.L. de C.V, pero sin éxito.
Luego, en octubre de 2018, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, reiteró la negativa al proyecto con estudios y procedimientos de evaluación de impacto ambiental apoyadas por instituciones federales, estatales y locales, como respuesta a un juicio de nulidad promovido por Odysey ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
De esa manera, Odysey inició un proceso de arbitraje internacional asegurando un daño a sus inversiones con base en el Capítulo XI del TLCAN, por el cual exige una indemnización de 2 mil 600 millones de dólares, más intereses de 14% anual y el costo de los peritajes realizados, lo que suma un total de 3 mil 500 dólares.
“El gobierno mexicano no tiene por qué pagar cuando tuvo todas las pruebas para negar la autorización de este proyecto por el impacto ambiental”, recalcó Olivera.
A decir de la actualización del último informe financiero de Odysey, la más reciente audiencia sobre este procedimiento de arbitraje se hizo en enero de este 2022 y aún están en espera de los resultados del análisis de los argumentos presentados por ambas partes ante el tribunal del TLCAN.
Daño ambiental kilométrico
El daño ambiental ocasionado por la filtración de sustancias subterráneas en los mares mexicanos, lo que a su vez afectaría a la fauna y los pescadores de la zona, es sólo una de las consecuencias que ocasionaría la minería submarina.
Las vibraciones constantes de las máquinas perforadoras afectarían las rutas de migración de especies, como la ballena gris, la jorobada y el chacalote, y afectaría también a al menos tres especies de delfines, nueve de aves, cuatro de tortugas, la orca y el lobo marino de California.
“En las muestras de suelo se encontraron hasta elementos radioactivos. En estos momentos están inertes, pero al momento de remover el sedimento éste puede viajar varios kilómetros de distancia y depositarse en otros organismos o zonas de corales”, advierte el activista.
Aún con las grandes afectaciones de esta actividad, existen proyectos para impulsarla, incluso apoyados por la Unión Europea, cuya Comisión en 2020, mediante la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, lanzó una consulta pública sobre la minería en aguas submarinas.
“Hay actualmente una discusión a nivel internacional para empezar a dragar, iniciar minería submarina en aguas internacionales esto con base en la convención del mar que depende de Naciones Unidas con base en una cláusula que si no se limita se da una positiva ficta y se podría iniciar actividades de dragado en los próximos dos años”, señala Alejandro Olivera.
