López Obrador propone reforma electoral para reemplazar INE y desaparecer a diputados plurinominales
El presidente presenta su segunda gran apuesta para la que necesitará el apoyo de parte de la oposición, que ya logró tumbar la reforma eléctrica hace apenas dos semanas
La agenda de Andrés Manuel López Obrador no se detiene pese a los obstáculos. Menos de dos semanas después de la derrota de la reforma eléctrica, que escenificó los límites de Morena en el parlamento, el presidente vuelve a la carga.
Los cambios en la política energética fueron bloqueados en el Congreso, donde el partido oficialista ya no dispone del control total y necesita los votos de parte de la oposición para sacar adelante cualquier reforma constitucional.
La respuesta ante el bloqueo ha sido, de momento, doblar la apuesta. López Obrador presentó este jueves una nueva iniciativa legislativa en el Congreso para dar un vuelco al sistema electoral, la segunda de sus grandes reformas pendientes.
El proyecto pasa por incluir cambios en hasta 18 artículos de la Constitución para poder llevar a cabo la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE), la eliminación de los diputados plurinominales (elegidos por representación proporcional, sin voto directo) y reducir los congresos locales.
El presidente ya había adelantado un primer esbozo de su reforma hace un mes, cuando defendió que “el pueblo será el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados.
De manera directa”. Los planes presentados este jueves vuelven a elevar la tensión con el INE, sobre el que el Gobierno ha vuelto a cargar.
“Vemos que la autoridad electoral actúa como si fuera un candidato, un contendiente”, lanzó Horacio Duarte, titular de Aduanas, uno de los responsables del anuncio junto al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
López Obrador se rodeó de su núcleo duro para presentar una medida que, al igual que sucedió con la reforma eléctrica, marcará previsiblemente la agenda durante los próximos meses.
Más todavía ante el complicado mapa parlamentario que impide a Morena la salida de reformas de calado como esta. La presentación hace un año de la iniciativa de reforma eléctrica, que buscaba devolver amplios poderes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y desmantelar parcialmente la liberalización del sector, derivó en una estrategia de presión sobre el PRI en busca de su voto a favor.
Una apoyo que finalmente no ha logrado Morena y ante el que ha respondido con más polarización, señalando y personalizado a los diputados de la oposición que votaron en contra.
A falta de conocer si esta vez será posible el pacto o la negociación, la nueva iniciativa plantea de momento la sustitución del INE por un organismo llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que tendría siete integrantes elegidos por sufrir directo y popular sobre una lista de 60 candidatos presentados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Actualmente, el INE tiene 11 consejeros que son electos en consenso por el Congreso. Recientemente, las cúpulas de los tres partidos de la coalición de oposición (PRI, PAN, PRD) presentaron una documento en la linea opuesta, una propuesta para fortalecer y blindar al actual INE.
“Hemos terminado la propuesta de una iniciativa de una reforma democrática más que una reforma electoral”, ha dicho durante la conferencia mañanera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El segundo objetivo declarado del proyecto es el ahorro presupuestario, estimado en unos 24.000 millones de pesos (cerca de 1.200 millones de dólares). Las cuentas pasan por concentrar en la Federación las elecciones para desaparecer los órganos electorales autónomos de los 32 Estados de la República.
Se eliminarían, además, los legisladores de representación popular o plurinominales, y la Cámara de Diputados pasaría de tener 500 a 300 integrantes.
El Senado tendría solo 96 de los 128 representantes que hay actualmente.
La reforma también plantea cambios a los congresos locales.
La propuesta plantea que existan un mínimo de 15 y un máximo de 45 integrantes, mientras que los regidores de los ayuntamientos también disminuirían.