Mike Vigil, exagente de la DEA, recordó colaboraciones con García Luna
México se enfrenta nuevamente a las turbiedades de su guerra contra el narcotráfico con el juicio en Estados Unidos de su ex jefe policial, Genaro García Luna, procesado por tráfico de cocaína y complicidad con el Cártel de Sinaloa.
El juicio al ex ministro de Seguridad (2006-2012) ha ido al meollo del asunto desde las primeras audiencias, realizadas ante el mismo tribunal de Nueva York que condenó al “Chapo” a prisión perpetua en 2019 por tráfico de drogas.
El primer testimonio candente llegó el martes cuando Sergio Villarreal Barragán, ex operador del cártel de los Beltrán Leyva, detalló el modus operandi de los supuestos pagos mensuales entregados a García Luna por el Cártel de Sinaloa a cambio de su protección e información.
No hay ninguna prueba, respondió la defensa, que buscará desacreditar los testimonios de antiguos traficantes protegidos por Estados Unidos como Villarreal, apodado “El Grande”.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha prometido un informe diario del proceso y ha cuestionado la cobertura de los medios locales.
El mandatario informó también que México intenta recuperar en una corte estadounidense unos 700 millones de dólares presuntamente malversados por García Luna.
Ya como ex ministro y al frente de empresas privadas, se benefició de importantes contratos estatales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), según el periodista independiente Francisco Cruz, autor de una biografía del acusado.
La demanda fue interpuesta el 21 de septiembre de 2021 en Florida contra 39 empresas pertenecientes a García Luna o sus allegados, detalló el canciller Marcelo Ebrard.
López Obrador ha planteado “tres hipótesis”: que García Luna “no es culpable” y “lo tienen que liberar”. “Sería un fiasco, sobre todo quedarían muy mal las agencias y el gobierno de Estados Unidos”, dijo.
La segunda es que actuó solo y la tercera, que tenía “la licencia” de los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Vicente Fox (2000-2006) con quienes trabajó.
López Obrador pretende encarnar una ruptura con sus predecesores “conservadores”.
En agosto de 2021, organizó un referéndum para consultar a los mexicanos si apoyaban enjuiciar a cinco expresidentes por presuntos delitos. Un 90% dijo que sí, aunque la población participante alcanzó apenas 8%.
Detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, García Luna de 54 años fue interlocutor directo con Washington cuando era el zar de seguridad del presidente Calderón.
Una fotografía lo muestra compartiendo sonrisas con la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en 2009, en plena época de la “Iniciativa Mérida”, lanzada por ambos países para combatir el crimen organizado transfronterizo.
Jefe de la policía, el exagente secreto era entonces el brazo armado de la guerra total contra los narcos iniciada por Calderón en diciembre de 2006.
En aquella época, el llamado “superpolicía” ya llevaba varios años monetizando su influencia con el “Chapo” Guzmán, acusó el Departamento de Justicia estadounidense en 2020.
“De 2001 a 2012 (...) García Luna recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de brindar protección para su actividad de narcotráfico”, alega dicha dependencia.
Antes de ser ministro, este ingeniero de formación dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), una rama de la antigua procuraduría federal.
En ese cargo, supervisó la detención en diciembre de 2005 de la francesa Florence Cassez y de su exnovio Israel Vallarta, acusados de secuestros. Fue un completo montaje, según un reciente documental de Netflix.
Cassez fue liberada por decisión de la Suprema Corte, que argumentó vicios de forma, en enero de 2013. Vallarta, que fue torturado por la AFI, sigue encarcelado y esperando un juicio.
Proveniente de un barrio modesto de México, García Luna ingresó a los 21 años al desaparecido servicio de inteligencia nacional (Cisen), donde tomó como modelo a John Edgar Hoover, jefe del FBI de 1924 a 1972.
Allí conoció a su esposa, una analista de inteligencia a la que saluda afectuosamente en cada audiencia en Nueva York.
Siempre elegantemente vestido, García Luna se ha cruzado en sus diversos cargos con las agencias estadounidenses de seguridad, cuya presencia en México es un secreto a voces.
“Tuvimos una estrecha relación con él en los temas de crimen y narcotráfico”, recuerda Mike Vigil, un veterano agente de la DEA asignado desde la década de 1970 en México, adonde regresó en misión durante los años 1990.
El acusado enfrenta una pena mínima de 20 años de prisión y hasta una posible cadena perpetua como “el Chapo” Guzmán.