La mejor ayuda, evitar que entren las armas: Sheinbaum
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De manera paralela, al tiempo en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) fijaba su opinión consultiva, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “la mayor ayuda que nos pueden dar es evitar que entren las armas” al país.
La mandataria subrayó que desconoce si la demanda de México en tribunales estadunidenses llegará a una acusación formal, pero el objetivo es hacer notar que los fabricantes y los expendedores “son responsables de venderle a quien trae armas a México de manera ilegal”.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que la opinión consultiva emitida ayer por la corte sobre el tráfico ilícito de armas respalda y refuerza la posición sostenida por México en el tema, al establecer que los estados deben ejercer “debida diligencia” para regular, supervisar y fiscalizar su comercialización, incluso cuando estas actividades sean realizadas por empresas privadas.
Según un comunicado de la cancillería, la declaración del tribunal regional confirma la necesidad de que los países adopten controles efectivos para evitar que las armas sean desviadas hacia el mercado ilegal, así como medidas que permitan identificar su origen y rastrear su circulación.
La opinión consultiva refuerza la posición de México de que las empresas “juegan un papel significativo en la problemática de la violencia armada”, informó la dependencia, debido a que sus decisiones comerciales, así como la falta de controles y responsabilidad en la venta y distribución de armas, pueden tener consecuencias graves para la seguridad y el bienestar de la población.
Esta opinión –que no es vinculante– se deriva de la solicitud presentada por México en 2022 ante la corte, mediante la cual pidió interpretar la responsabilidad de las empresas privadas dedicadas a la manufactura, distribución y venta de armas de fuego por los efectos de prácticas negligentes sobre los derechos humanos, así como las obligaciones de los estados para garantizar protección judicial a las víctimas.
