Consejo de la Judicatura destituye a jueces y secretarios corruptos de Puebla
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El Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla ejecutó una serie de sanciones contra servidores públicos por faltas administrativas graves. Las medidas incluyen destituciones e inhabilitaciones tras detectar irregularidades que van desde el abuso de funciones hasta la presunta vinculación con redes de tráfico de personas.
Uno de los casos más críticos implica al ahora exjuez Municipal de Camocuautla. El exfuncionario fue destituido e inhabilitado por un año tras detectarse anomalías en la tramitación de un pasaporte para un menor de edad, hecho que lo vincula a una red criminal de tráfico.
En Tecamachalco, la Jueza de lo Civil y de lo Penal también fue removida de su cargo. De acuerdo con el órgano de vigilancia, la servidora pública incurrió en un evidente abuso de funciones, lo que derivó en su inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos.
La corrupción administrativa también alcanzó al Juzgado Tercero de lo Familiar en Puebla capital. Una escribiente fue suspendida temporalmente tras comprobarse que solicitaba y recibía depósitos económicos en su cuenta personal bajo la promesa de agilizar trámites internos, traicionando la integridad de la institución.
En el distrito de Zacapoaxtla, en la sierra norte del estado, un Secretario de Acuerdos recibió una suspensión de 90 días. El Consejo de la Judicatura determinó que el funcionario se extralimitó en sus funciones al emitir una sentencia judicial, una facultad para la cual no contaba con atribuciones legales.
Asimismo, en Huejotzingo, otro Secretario de Acuerdos fue suspendido por seis meses. La sanción deriva de una diligencia de “perdón judicial” realizada sin verificar la identidad de la supuesta víctima, poniendo en riesgo la certeza jurídica y el debido proceso en el distrito judicial.
A través de un comunicado oficial, el Poder Judicial subrayó que estas acciones buscan garantizar una impartición de justicia transparente
“El Consejo de la Judicatura reitera su compromiso con la vigilancia permanente del desempeño de las personas servidoras judiciales” sentenció la institución.
Si bien sus identidades no fueron dadas a conocer, de acuerdo con la Ley Orgánica vigente en 2026, estos individuos podrían enfrentar sanciones adicionales dependiendo cada caso.
Según los tabuladores actualizados, las multas económicas por faltas administrativas graves pueden alcanzar montos equivalentes al beneficio económico obtenido o al daño causado al erario, además de denuncias penales.
