Gobierno de Puebla indaga a notarios corruptos
- Redaccion
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El Gobierno del Estado de Puebla abrió una investigación contra al menos 10 notarías presuntamente vinculadas a una red de despojo de inmuebles conocida como el “Cártel del Despojo”, la cual habría operado en coordinación con jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado.
Así lo dio a conocer el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, tras manifestar que las primeras pesquisas revelan que estas prácticas ilegales consistían en la modificación indebida de la titularidad de predios sin autorización de sus legítimos propietarios, mediante un esquema de corrupción que aprovechaba la fe pública notarial y resoluciones judiciales irregulares.
Las notarías bajo investigación se localizan tanto en la zona metropolitana como en distintos municipios del interior del estado.
García Parra precisó que los casos de mayor gravedad se concentran en el municipio de San Pedro Cholula, aunque aclaró que la problemática no es exclusiva de esa región, ya que se han detectado situaciones similares en otros puntos de la entidad. Destacó que uno de los aspectos más delicados es la presunta participación de integrantes del Poder Judicial, quienes habrían validado los procedimientos para consumar los despojos.
El área jurídica del gobierno estatal se encuentra integrando los expedientes correspondientes con el objetivo de fincar responsabilidades contra todos los involucrados.
El coordinador de Gabinete señaló que las auditorías realizadas permitieron identificar vínculos operativos que atentaron directamente contra el patrimonio de las y los poblanos. “Este año se inició una investigación formal y ya tenemos identificadas notarías con diversas irregularidades. En algunos casos hay evidencia de la participación de jueces e incluso de magistrados”, afirmó.
Este panorama, agregó, refuerza la necesidad de avanzar en la reforma al Poder Judicial del estado, prevista para 2027, cuando se renovarán alrededor de 180 cargos entre jueces y magistrados. En ese contexto, García Parra fue enfático al señalar que no se revertirán las cancelaciones o retiros de patentes notariales realizados en administraciones anteriores.
El funcionario descartó cualquier posibilidad de que se restituyan registros a notarios sancionados por irregularidades, al subrayar que el Ejecutivo no permitirá el regreso de prácticas que propiciaron abusos contra la ciudadanía.
En paralelo, informó que la administración estatal trabaja en la elaboración de una nueva Ley del Notariado para Puebla, la cual será presentada en próximas fechas. Esta iniciativa busca modernizar el sistema notarial mediante procesos digitalizados, mayor transparencia y controles que garanticen certeza jurídica en las operaciones patrimoniales.
“La intención es abrir una nueva etapa del sistema notarial en Puebla, sin repetir los vicios del pasado y con trámites más claros, accesibles y confiables para la ciudadanía”, puntualizó.
La propuesta legislativa también contempla esquemas permanentes de supervisión y fiscalización, así como una revisión exhaustiva de los procedimientos notariales, a fin de blindar cualquier movimiento de propiedad contra falsificaciones o actos dolosos.
Finalmente, García Parra adelantó que durante la segunda quincena de enero se presentará un informe detallado con los hallazgos de la investigación. Una vez concluida esta etapa, se procederá a interponer las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.
