Al menos 13 exfuncionarias y exfuncionarios de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, exmandatario fallecido en 2018, podrían enfrentar cargos por su posible implicación en la ejecución de tres megaproyectos señalados por el actual gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, como financieramente dañinos para el erario: el Museo Internacional del Barroco (MIB), el Teleférico de Puebla y el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.

Tras el amago de Armenta Mier —de perseguir por la vía penal a quienes participaron en la implementación de contratos desfavorables para las finanzas públicas—, resalta una serie de perfiles que habrían sido determinantes en la autorización de los esquemas de Asociación Público-Privada (APP) o Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), los cuales comprometieron miles de millones de pesos de las y los contribuyentes poblanos por décadas.

Se trata de una docena de personas que desempeñaron cargos clave en las áreas de Finanzas, Planeación, Infraestructura, Turismo, Cultura y la extinta Contraloría estatal durante el sexenio de Moreno Valle.

El administrador financiero de Moreno Valle

Entre los perfiles principales vinculados a estos proyectos destaca Roberto Moya Clemente, quien fue titular de la entonces Secretaría de Finanzas y Administración hasta 2015. Posteriormente, se desempeñó como jefe de la Oficina del Gobernador hasta el final del mandato en 2017.

Fue denunciado en 2021 por la Auditoría Superior del Estado (ASE) junto con otros exfuncionarios por, presuntamente, haber participado en el desvío de 544 millones de pesos a través de empresas fantasma, además de estar relacionado con otros actos ilegales, como abuso de autoridad, fraude y peculado.

Posteriormente, Moya Clemente fue reemplazado por Roberto Rivero Trewartha, quien previamente había sido secretario de Salud. Él se mantuvo al frente de las finanzas estatales hasta el final de la administración.

Rivero Trewartha también fue denunciado por la ASE por su presunta participación en el mismo esquema de desvío de recursos públicos.

Algunos ya han sido juzgados por otros delitos

Otro nombre relevante es el de Eukid Castañón Herrera, quien estuvo al frente de la Secretaría de la Contraloría, ahora conocida como Secretaría de la Función Pública (SFP).

Este personaje político ha enfrentado diversos procesos legales, entre ellos por el delito de extorsión. Tras su captura, fue recluido en el penal de San Miguel, de donde fue trasladado como interno al municipio de Tepexi de Rodríguez y posteriormente al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en Durango. Lo anterior, al ser considerado de alta peligrosidad.

Posteriormente, en 2023, la defensa de Castañón Herrera argumentó que su cliente había sido víctima de tortura, y fue así como consiguió regresar a Puebla para seguir su proceso en libertad.

De manera análoga, se suma María Mercedes Aguilar López, quien fungió como secretaria particular de Moreno Valle Rosas y como encargada de despacho de la Secretaría de Cultura al mismo tiempo.

Aguilar López fue vinculada a proceso en 2021 tras ser acusada de haber cobrado como aviadora durante al menos cinco meses en la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin presentarse a trabajar.

Tal como informó El Sol de Puebla, la carpeta con folio 203/2021 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción evidenció que los pagos indebidos ocurrieron durante los gobiernos de Antonio Gali y Guillermo Pacheco. Pese a ello, enfrentó su proceso en libertad.

Patricia Leal, invitada al gobierno de Sergio Salomón

Quien también formó parte de la planilla de exfuncionarios vinculados a los costosos megaproyectos fue Patricia Leal Islas, quien ocupó la titularidad de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública —entonces Contraloría del estado—.

Pese a que fue invitada a un cargo en la administración del exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ella misma declinó la propuesta, según reconoció el propio exmandatario en abril de 2023.

Secretarios, subsecretarios y responsables de área

Otro de los personajes políticos que igualmente participó en la ejecución de estas obras fue José Cabalán Macari Álvaro, quien se desempeñó primero como secretario de Administración y, posteriormente, como titular de la Secretaría de Infraestructura y Transportes, tras la salida de Antonio Gali Fayad de la dependencia –quien también estuvo involucrado en los megaproyectos–.

Además de ambos exfuncionarios, el exalcalde capitalino, Luis Banck Serrato, encabezó Infraestructura y Transportes durante este periodo. También destaca el exsecretario de Turismo, Ángel Trauwitz Echeguren.

Del mismo modo, se encuentran la exsubsecretaria de Administración y el exsubsecretario de Planeación, Marina Castro y Felipe Sandoval de la Fuente, respectivamente. Lo mismo con Eduardo Tovilla Lara, quien fungió como subsecretario de Egresos.

Además, quien también formó parte del equipo responsable del diseño y ejecución financiera del Museo Internacional del Barroco fue Eliseo Hernández Reyna, entonces director general de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Moreno Valle heredó gastos millonarios a los contribuyentes por varias décadas

De los tres proyectos señalados por Armenta Mier, el más costoso resultó ser el Museo Internacional del Barroco, pues su precio total –según estimaciones– supera los 12 mil millones de pesos.

Este recinto museístico, cuya operación ya fue asumida por el gobierno estatal –esto luego de que el Estado poblano canceló el contrato que obligaba al erario a pagar alrededor de 523 millones de pesos desde 2016 hasta 2039–, fue construido por un consorcio integrado por la multinacional de origen danés Danstek, La Peninsular Compañía Constructora (propiedad de la familia Hank Rhón, que es dueña de Grupo Hermes), Operadora y Administradora Técnica, Promotora de Cultura Yaxche, y Concretos y Obra del Pacífico.

La obra fue inaugurada el 4 de febrero de 2016 por Moreno Valle Rosas. Debido a la falta de acervo propio, el gobierno estatal recurrió al préstamo de piezas de otras instituciones, todo bajo condiciones de opacidad.

En enero de 2025, la actual administración estatal logró renegociar el contrato con Grupo Hermes y reducir la deuda restante de 4 mil 600 millones a 2 mil millones de pesos.

Por otra parte, el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis también fue contratado bajo el modelo de PPS. A pesar de que el costo inicial era de mil 372 millones de pesos, al sumar intereses, operación y mantenimiento, el monto total comprometido por el erario ascendió a 5 mil 270 millones de pesos, todo esto a pagarse durante 25 años.

El último proyecto contemplado por Armenta Mier como uno de los más desfavorables para el erario es el Teleférico de Puebla.

Dicha obra se planteó inicialmente para conectar la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe con el Barrio del Artista, en el centro de Puebla. Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no otorgó permisos al proyecto, en buena medida por ocasionar daños al patrimonio cultural de la ciudad, como la Casa del Torno.

Este sistema de transporte turístico, cuyo recorrido se limitó a 700 metros, fue fabricado por empresas suizas

Según datos oficiales, el costo inicial para el Teleférico era de 359.2 millones de pesos, pero con obras adicionales, el gasto total ascendió a 531 millones de pesos. Es decir, con un sobrecosto del 116 por ciento, lo que lo convirtió en uno de los teleféricos más caros de México.