MC y el PRIAN detrás de ONGs que quieren tumbar la Elección Judicial

Bajo el disfraz de organizaciones ciudadanas, operadores políticos del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano buscan anular la histórica elección judicial del pasado 1 de junio, en la que por primera vez el pueblo eligió directamente a ministros y magistrados del Poder Judicial.

La estrategia: sembrar dudas, judicializar el proceso y recuperar su bastión de impunidad.

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió impugnaciones por parte de un bloque opositor que opera bajo la etiqueta del “Observatorio Judicial Electoral”, compuesto por agrupaciones como Poder Ciudadano, Laboratorio Electoral, ProJuc, Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Defensorxs.

Pero detrás de los logos y los discursos “apartidistas” hay nombres bien conocidos.

Uno de los rostros visibles de esta estrategia es Miguel Alfonso Meza Carmona, quien se presenta como activista y presidente de la organización civil “Defensorxs”. Sin embargo, documentos obtenidos por Polemón revelan que Meza Carmona ha sido —desde junio de 2022 y hasta la fecha— asesor de las bancadas de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Mientras encabezaba una cruzada mediática contra la elección judicial en medios como Reforma, Milenio y Radio Fórmula, Meza Carmona cobraba un sueldo mensual de 56 mil pesos en el Congreso.

En diciembre de 2023 firmó un contrato por 240 mil pesos para brindar “asesoría legislativa” a la bancada naranja. Incluso recibió un aguinaldo de 107 mil pesos por su “análisis con perspectiva de género”, aunque su verdadera tarea ha sido usar una fachada ciudadana para impugnar los resultados electorales.

Actualmente, mantiene un contrato vigente hasta agosto de 2025 por 451 mil pesos. Formalmente está contratado como asesor legislativo, pero en la práctica es un aviador que funge como activista judicial, vocero mediático y operador electoral encubierto de Movimiento Ciudadano.

Viejos trucos, nuevas caretas

Miguel Alfonso Meza no es un improvisado. Antes de su encargo legislativo fue vocero de Jorge Álvarez Máynez y trabajó en el gobierno de Luis Donaldo Colosio Riojas en Monterrey. También pasó por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización fundada por Claudio X. González. Todo esto sin contar con título profesional de abogado, como él mismo reconoce en su declaración patrimonial.

Lo mismo ocurre con Arturo Espinosa Silis, cabeza de Laboratorio Electoral, quien ha sido un habitual operador del PAN con disfraz de analista técnico. En vez de reconocer su militancia o sus contratos con gobiernos conservadores, se parapetan tras ONGs para exigir “elecciones limpias” justo cuando pierden.

Las impugnaciones presentadas por estas organizaciones abarcan más de 300 páginas y 200 supuestas “pruebas”. Su exigencia es clara: anular las tres elecciones judiciales (ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal de Disciplina y del Tribunal Electoral) bajo el argumento de que hubo irregularidades, como boletas mal diseñadas, acordeones de votación y presunta injerencia del gobierno.

Pero lo que en realidad los mueve no es la preocupación democrática. Los nueve ministros electos, los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina y los dos del Tribunal Electoral no provienen de su cúpula, no son sus cuadros. Por eso ahora claman fraude.

Detrás de estas “denuncias ciudadanas” hay dinero público. Miguel Meza ha cobrado decenas de miles de pesos como asesor parlamentario mientras encabeza la cruzada judicial contra el proceso electoral. Literalmente está financiado por Movimiento Ciudadano para atacar una Elección Judicial votada por casi 13 millones de mexicanos.

Y lo hace como parte de una vieja fórmula: simular que la oposición viene de la sociedad civil. La derecha mexicana —PRI, PAN y MC— tiene años infiltrando sus operadores en organizaciones pantalla. Esta vez no fue diferente.

El discurso de “elecciones limpias” es una cortina. Lo que estas organizaciones buscan es evitar la transformación del Poder Judicial. Con una Corte renovada, imparcial y con legitimidad ciudadana, se acaba el último bastión de impunidad que han controlado durante décadas.

La estrategia es clara: desprestigiar el proceso, presionar al INE, judicializar la elección y recuperar por la vía de los tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas.