Reforma laboral prometía juicios rápidos por despidos, pero trabajadores en Puebla padecen largas esperas
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Alejandro, Norman e Israel son trabajadores poblanos que hoy enfrentan un juicio laboral tras haber sido despedidos de sus empleos en circunstancias que consideran injustificadas.
Sus casos llevan meses —en algunos incluso más de un año— sin resolverse, pese a que la reforma laboral de 2019 prometía procesos ágiles que no superarían los seis meses.
Mientras esperan una sentencia que determine su liquidación o reinstalación, los tres han tenido que lidiar con la pérdida de ingresos, el desgaste emocional y la incertidumbre sobre su futuro.
Las historias de estos trabajadores reflejan una realidad que contrasta con los objetivos de ese sistema de justicia laboral: juicios breves, audiencias rápidas y resoluciones oportunas por parte de los Tribunales Laborales, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla.
En la práctica, sin embargo, los procedimientos suelen prolongarse entre audiencias, conciliaciones fallidas, notificaciones tardías y diversos trámites administrativos, lo que obliga a muchos empleados a pasar meses —e incluso años— sin un ingreso estable mientras esperan que su caso llegue a una resolución.
Para Alan Ortega Rodríguez, abogado laboral, estos expedientes no son casos aislados, sino ejemplos de las deficiencias que enfrenta el sistema. A su juicio, el modelo impulsado con la reforma laboral se ha visto rebasado por la carga de trabajo, la falta de infraestructura y de personal en los tribunales, además de prácticas que aún persisten entre algunos abogados y empresas para alargar los procesos.
Una vida de trabajo y un juicio que se prolonga
Israel Picazo López dedicó prácticamente toda su vida laboral a la industria automotriz en Puebla. Ingresó en 1992 a Volkswagen de México y posteriormente se incorporó a Audi México en 2016, acumulando cerca de 34 años de trayectoria en el sector, periodo durante el cual también participó activamente en actividades sindicales.
Durante más de tres décadas, relató, cumplió con sus responsabilidades laborales con la intención de concluir su vida profesional con estabilidad y poder acceder a su pensión por cesantía. Sin embargo, su situación cambió abruptamente el 4 de abril de 2025, cuando fue despedido tras regresar de una intervención quirúrgica.
“Durante todos esos años cumplí con mis responsabilidades laborales con probidad y dando lo mejor de mí. Mi objetivo era terminar mi vida laboral con dignidad y poder acceder a mi pensión de cesantía, que es un derecho que ya me gané después de trabajar toda una vida”, explicó.
El trabajador sostuvo que antes de su despido comenzaron situaciones de presión laboral relacionadas con su posible participación en procesos sindicales, lo que —según su percepción— generó incomodidad dentro de la empresa y el sindicato.
De un día para otro me dijeron que la relación laboral se terminaba, sin ninguna explicación. Después de 34 años de trabajo, es muy difícil que te digan que ya no te quieren y que todo lo que hiciste durante décadas se quede en el aire,
afirmó.
Actualmente su caso se encuentra en un juicio laboral que está por cumplir un año en proceso. Durante este tiempo, explicó, ha existido disposición de su parte para alcanzar un acuerdo; sin embargo, señaló que la empresa se ha retirado de distintas mesas de negociación sin una explicación clara, lo que —desde su perspectiva— ha contribuido a alargar el proceso.
Hemos tenido diferentes etapas de conciliación en donde nos sentamos a negociar durante semanas o meses, pero cuando parece que estamos cerca de un acuerdo simplemente se levantan de la mesa. Eso da la impresión de que lo único que buscan es alargar el proceso
Israel Picazo laboró en Volkswagen y Audi, donde sumó 34 años de trayectoria laboral. / Foto: Javier Zambrano / El Sol de Puebla
Israel señaló que su principal objetivo es la reinstalación, ya que la seguridad social y la posibilidad de acceder a su pensión son fundamentales para su futuro y el de su familia.
“Lo que busco es regresar a trabajar, porque la seguridad social es muy importante para mi vida y para la de mi esposa, que padece hipertensión y necesita seguimiento médico constante. Además, me faltan pocos años para acceder a mi pensión y es un derecho que ya me gané”, explicó.
El impacto del despido también se ha reflejado en el ámbito económico y emocional de su familia. Al perder su empleo, relató, tuvieron que reorganizar su vida cotidiana y abrir un negocio de comida para poder sostener los gastos básicos mientras avanza el proceso judicial.
“De un día para otro te quedas sin salario y eso afecta todo: la estabilidad familiar, la tranquilidad y la capacidad de pagar los gastos básicos.
Yo siempre fui un ciudadano que pagaba sus servicios y cumplía con sus obligaciones, pero cuando pierdes el ingreso la situación se vuelve muy complicada (…) Mi esposa tiene el don de la cocina y empezamos a vender comida, como mole de panza y cochinita pibil.
Con eso estamos solventando los gastos del juicio y los gastos del día a día mientras esperamos que los tribunales resuelvan el caso”, relató.
Lo sienten como un sistema lento
La experiencia de Eduardo Alejandro Coronel Gutiérrez, de 53 años, refleja una situación similar. Tras más de dos décadas de trabajo en la empresa Telcel, fue despedido en julio de 2024 en medio de una serie de recortes laborales que, según relató, se realizaron sin explicaciones claras.
Simplemente me dijeron que ahí estaba mi finiquito. Después de veintitantos años de trabajo querían que aceptara lo que me estaban ofreciendo, que era mucho menos de lo que realmente me correspondía,
señaló.
Ante esa situación decidió iniciar un proceso de conciliación, en el que planteó tres posibles soluciones: su reinstalación en el puesto, el pago completo de la indemnización correspondiente o incluso una disculpa pública por parte de la empresa. Ninguna de las propuestas fue aceptada.
Tras agotar la etapa de conciliación, presentó una demanda ante los tribunales laborales en Puebla. Sin embargo, el proceso ha resultado mucho más largo de lo que esperaba.
“Desde que empezó todo ha sido muy lento. Tardamos más de un año en llegar a la audiencia de juicio y después de eso ya pasaron varios meses sin que todavía se dicte la sentencia”, explicó.
De acuerdo con su testimonio, la audiencia final se realizó en noviembre del año pasado; sin embargo, actualmente el tribunal aún no ha emitido el fallo que permitiría resolver su situación laboral y económica.
Se supone que cinco días después del juicio deberían dictar sentencia, pero ya voy para varios meses y todavía no hay resolución. Eso demuestra que el sistema sigue siendo muy lento
afirmó.
Durante este tiempo, el proceso también ha tenido consecuencias en su salud y en su situación económica, debido a la falta de ingresos estables y a la incertidumbre sobre el resultado del juicio.
Es terrible porque de repente te quedas sin trabajo, sin dinero y con deudas. En mi caso, además, ya tenía problemas de salud y el año pasado incluso sufrí un infarto. Todo eso hace que la situación sea mucho más complicada
relató.
El caso de un joven trabajador
Norman Castro Campos, de 25 años, enfrenta un proceso distinto, pero con un denominador común: la lentitud del sistema.
Durante tres años trabajó en la cadena de gimnasios Planet Fitness, donde se encargaba de la atención al cliente, la venta de membresías y la resolución de problemas con los usuarios.
Según su relato, en los meses previos a su salida, en octubre de 2025, comenzó a recibir presiones por parte de sus superiores para cambiar su jornada laboral de medio tiempo a tiempo completo, bajo el argumento de que la empresa ya no quería mantener trabajadores con turnos reducidos.
Me estuvieron presionando para que me cambiara a tiempo completo. Me decían que si no aceptaba podrían despedirme, porque supuestamente no cumplía con ciertas metas, aunque en el contrato nunca aparecía nada de eso
explicó.
El conflicto escaló tras un incidente con la gerente de la sucursal, quien —según su versión— lo amenazó con denunciarlo por acoso y perjudicar su futuro profesional si no firmaba su renuncia.
“Me dijeron que podían denunciarme por acoso y que, como hoy ese tema es muy delicado, yo iba a perder. También me dijeron que conocían gente que podía hacerme daño a mí y a mi papá o evitar que me contrataran en el futuro”, relató.
Ante esa situación, firmó su renuncia esperando recibir su finiquito; sin embargo, el pago nunca llegó, por lo que decidió iniciar un proceso ante las autoridades laborales.
Durante las audiencias de conciliación, la empresa ofreció inicialmente 12 mil pesos y posteriormente redujo la propuesta a 9 mil, monto muy por debajo de lo que, según estimaciones preliminares, le correspondía.
“En conciliación nos dijeron que el monto podía ser de alrededor de 30 mil pesos, pero la empresa solo quería dar 9 mil. Por eso decidí no aceptar y seguir con la demanda”, explicó.
Desde octubre de 2025 hasta la fecha, su caso sigue sin resolverse y apenas comenzará la etapa de audiencias ante el tribunal laboral, lo que evidencia que el proceso puede extenderse durante meses incluso antes de entrar a la fase de juicio.
Todo el proceso ha sido muy tardado. Tienes que ir a diferentes oficinas, esperar horas para que te atiendan, llevar papeles de un lado a otro. Para una persona común que vive al día, es muy complicado sostener un juicio
señaló.
Falta de infraestructura, personal y malas prácticas
El abogado laboral Alan Ortega Rodríguez explicó que uno de los principales problemas del sistema de justicia laboral es que fue implementado con recursos insuficientes para atender la cantidad de conflictos que llegan a los tribunales.
En Puebla, recordó, el nuevo modelo inició con apenas dos tribunales laborales, los cuales tuvieron que absorber tanto los casos nuevos como expedientes heredados del sistema anterior.
Cuando arrancó el nuevo sistema, había únicamente dos tribunales laborales para atender todos los conflictos. Era evidente que esa infraestructura iba a resultar insuficiente frente al volumen de asuntos que se presentan,
explicó.
Agregó que con el paso del tiempo se crearon más juzgados; sin embargo, el crecimiento de los casos también ha sido constante, lo que mantiene presionada la capacidad del sistema.
“El retraso se vuelve un círculo vicioso. Si un juzgado tiene cien asuntos y solo puede desahogar diez al día, inevitablemente se va generando rezago. Eso provoca que las audiencias se programen con meses de diferencia”, señaló.
Además, explicó que muchas etapas del proceso dependen de información que deben proporcionar otras instituciones, como el IMSS o el Infonavit, lo que también puede retrasar la emisión de sentencias.
A ello se suman prácticas de algunos litigantes que buscan alargar los procedimientos, tanto del lado de las empresas como de los propios trabajadores.
Todavía hay abogados que utilizan estrategias de la vieja escuela para retrasar los juicios. Esa mala praxis existe tanto del lado patronal como del lado de los trabajadores y termina afectando los tiempos de resolución,
agregó.
¿Qué prometía la reforma laboral?
La reforma al sistema de justicia laboral en México, publicada el 1 de mayo de 2019, fue presentada como una iniciativa que buscaba transformar el modelo anterior basado en juntas de conciliación y arbitraje, para dar paso a tribunales laborales dependientes del Poder Judicial.
Entre sus objetivos principales estaba garantizar procesos más ágiles, audiencias orales y resoluciones en plazos mucho más cortos que en el sistema anterior, donde los juicios podían prolongarse durante años.
De acuerdo con el gobierno federal de ese momento, el nuevo modelo permitiría resolver la mayoría de los conflictos laborales en un plazo estimado cercano a los seis meses.
Sin embargo, en la práctica muchos procesos actualmente se extienden a más de un año, dependiendo de la complejidad del expediente, la carga de trabajo de los tribunales y la disponibilidad de personal, lo que muestra que el sistema aún enfrenta retos importantes para cumplir con los tiempos prometidos.
