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Sheinbaum desmiente a Julio Astillero: Semarnat no está en contra de comunidades

  • Redaccion1 Poder Politico
  • hace 6 horas
  • 2 Min. de lectura

La Presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) esté litigando a favor de empresas y en contra de las comunidades y garantizó que revisará los intentos de despojo contra ejidatarios perpetrados por una empresa ligada a Ricardo Salinas Pliego en San Luis Potosí.


Durante la conferencia mañanera, el periodista Julio Astillero denunció el intento de la empresa CEMAT Construction, ligada a Grupo Salinas del presunto deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, de despojar a ejidatarios de sus terrenos en San Luis Potosí para llevar a cabo un proyecto extractivo y minero.


En respuesta, Sheinbaum aseguró que pedirá a la Semarnat y a Sedatu para que investiguen el tema y pueda ver las afectaciones que tendrá este proyecto y así apoyar también a las comunidades.


“No hay ni autorización ni del Estado, ni tampoco de la Federación en términos ambientales (…) Vamos a pedirle a la secretaria de SEMARNAT, Alicia Bárcena, que entre en contacto con el gobierno del estado y también a Edna Vega de Sedatu para que pueda entrar en contacto con los ejidatarios y se revise el impacto ambiental que pueda tener”, dijo la mandataria.


Sin embargo, Julio Astillero también mencionó que hay acusaciones de que la Semarnat está litigando a favor de empresas y en contra de las comunidades. Tema que Sheinbaum aseguró que no va a aceptar, pues es completamente falso.


“No te acepto que la SEMARNAT esté trabajando en contra de las comunidades, no es verdad que la SEMARNAT esté litigando a favor de una empresa, lo que hace la SEMARNAT, desde el Gobierno de López Obrador y desde nuestro Gobierno, por Ley, pues es recibir las manifestaciones de impacto ambiental”, dijo.


Sheinbaum señaló que siempre habrá diálogo con las comunidades para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto que los pueda afectar de cualquier forma.


Y más aún, si se trata de comunidades indígenas, pues ya está en la Constitución su personalidad jurídica para aceptar o no algún proyecto en su territorio.

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