A nueve años de la privatización del agua en Puebla, solo promesas de revertirla

Este octubre se cumplen 9 años desde que se privatizó el agua en Puebla y por ello, los integrantes de la Asamblea Social del Agua (ASA) solicitaron a la actual legislatura que se comprometa a abrogar la actual Ley del Agua, ya que se siguen registrando cortes irregulares y tarifas exorbitantes, lo que atenta contra el derecho humano al adquirir el agua.

En conferencia de prensa, los integrantes recordaron que la privatización fue encabezada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle y el entonces edil, Eduardo Rivera Pérez y, en su opinión, este hecho es la peor violación al derecho humano del agua que se ha registrado en Puebla. Fue por este motivo que, a la par, en el 2012 nació la ASA.

Los integrantes aplaudieron que varias autoridades a lo largo de estos años hayan querido hacer un cambio, pero al final, sólo se ha quedado en el discurso, no en el hecho. Ejemplificaron con el tema legislativo, pues el 11 de marzo del 2020 la LX legislatura revalidó con sólo un voto en contra la Ley del Agua para el Estado de Puebla.

Desde su óptica, si no se abroga dicha ley, se están promoviendo las tarifas al alza y “lesivas” para la económica popular, no se protege la integridad ni mucho menos la regeneración de los acuíferos y se está violando el artículo cuarto párrafo sexto de la Constitución, pues dice lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentables de los recursos hídricos”, se puede leer.

En el tema social señalaron que al mes se registran más de mil cortes ilegales de agua y que éstos quedan impunes. Aceptaron que, en la mayoría de estos casos, los cortes se dan porque los ciudadanos se niegan a pagar las tarifas “desproporcionadas y sin fundamento”, lo que también para la ASA es una violación a los derechos humanos. En este punto señalaron que los cortes se siguieron registrando al inicio de la pandemia cuando el uso del agua era básico para la salud.

En cuanto a la calidad, opinaron que se sigue sin cumplir con la NOM-127-SSA1-2021, que dice que el agua debe estar limpia, pero debido a los cortes y a la escaza, los ciudadanos adquieren pipas de agua en donde desconocen su procedencia, por lo que se pone en riesgo su salud y bienestar por la posible presencia de minerales, químicos o micro organismos patógenos.

Por todo lo anterior, solicitaron que se establezca una mesa de trabajo con la participación de instancias de gobierno, universidades, colegios de profesionistas relacionados con el tema y con una amplia participación ciudadana para que se concrete a la brevedad la finalización de la concesión.

También que la legislatura actual se comprometa a abrogar la actual Ley de Agua y que convoque a una mesa de trabajo. Asimismo, que tomen en cuenta que existen como insumos el proyecto de Dictamen de la Ley General de Aguas a Nivel federal.

Y para concluir que a nivel nacional la actual legislatura federal apruebe a la brevedad el proyecto de dictamen ya trabajado para una nueva Ley General de Aguas y que se establezca con la tutela constitucional de agua como un bien público, como un bien común y como un sujeto vulnerable de derechos