Chedraui denuncia ante FGE a exfuncionarios publicos por presunto mal uso de recursos
- Redaccion1 Poder Politico
- hace 17 horas
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El gobierno municipal de Puebla, encabezado por el presidente municipal José Chedraui Budib, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) señalando presuntas irregularidades en la gestión financiera de la administración anterior, liderada por Adán Domínguez Sánchez y Eduardo Rivera Pérez.
El tesorero municipal, Héctor González Cobián, confirmó que la denuncia se basa en hallazgos durante el proceso de entrega-recepción, que incluyen contratos con empresas que no cumplieron con sus compromisos.
Según el gobierno actual, se identificaron anomalías en seis contratos de obra pública y otros servicios, con un monto total aún no especificado.
González Cobián indicó que se están llevando a cabo investigaciones para determinar responsabilidades y recuperar las garantías correspondientes.
Además, se mencionó que algunas empresas podrían no recibir los pagos pendientes debido al incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Por su parte, la administración saliente ha respondido a las acusaciones, asegurando que no existen irregularidades en el ejercicio fiscal de su gestión.
A través de un comunicado, se destacó que la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 fue aprobada por unanimidad en sesión de Cabildo el 16 de abril, sin que se presentara ninguna reserva al respecto.
Se argumentó que los pagos pendientes correspondían a compromisos legítimos y que no representan ninguna irregularidad.
Este enfrentamiento pone de manifiesto las tensiones políticas y administrativas entre las dos administraciones municipales.
Mientras el gobierno actual busca esclarecer posibles irregularidades y recuperar recursos, la administración anterior defiende la legalidad de sus acciones y rechaza las acusaciones de mal manejo financiero.
Las autoridades correspondientes deberán determinar la veracidad de las acusaciones y, en su caso, aplicar las sanciones pertinentes.
La ciudadanía espera que este proceso se lleve a cabo con transparencia y conforme a la ley, para garantizar la correcta administración de los recursos públicos y la confianza en las instituciones.
